EX JEFE DE CHEMITO ACTIVO PARA LIBERALIZAR LEY DE ARMAS EN LA ISLA

Posted: 03/10/2011 in Noticia
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El representante, Héctor Torres Calderón, en medio de una vista pública

Por Carmen Enid Acevedo

Una semana antes de que el hijo del alcalde de Canóvanas y ex empleado de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, José “Chemito” Soto Mujica, fuera arrestado por cargos de conspiración por traficar con drogas y le ocuparan dos pistolas y un rifle de asalto en su apartamento, su ex jefe, el representante penepé, Héctor Torres Calderón, radicó una resolución de investigación que busca liberalizar los requisitos de la ley de armas en Puerto Rico para tener y poseer armas de fuego.

Del análisis que hiciera Pesquisa Boricua de las propuestas de investigación y legislación que ha promovido Torres Calderón, se establece que el pasado lunes 26 de septiembre, el Representante de Distrito radicó la 1882, para ordenar “a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un análisis sobre las disposiciones contenidas en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, a la luz del caso judicial McDonald v. City of Chicago, a los fines de desarrollar la promulgación de legislación que atempere la normativa local con el nuevo marco legal establecido”. RdelaC1887

Torres Calderón, natural de Morovis, promotor de al menos dos proyectos de ley sobre armas y una resolución de investigación,  fue el jefe de “Chemito”, hoy encarcelado sin fianza en el Centro de Detención Metropolitana, ante acusaciones de ser el segundo en mando de una ganga de narcotráfico que movió sobre 1,000 kilos de cocaína entre México, la costa oeste de Estados Unidos y Puerto Rico.  Con relación a las armas, el pasado viernes en la vista de fianza, se descubrió una grabación en la que se escucha al acusado contestar que buscaría una pistola .45 en el sector La Quinta de Canóvanas.

Pero, las casualidades o causalidades que rodean el arresto del que hasta el pasado martes era legislador municipal de Canóvanas, el pueblo que comanda su padre, José Chemo Soto, no se quedan ahí.

El 23 de septiembre, el día en que un gran jurado emitió las acusaciones y un juez del Tribunal Federal ordenó los arrestos de una ganga de 28 personas, el legislador Torres Calderón, presentó la Resolución 1882 que busca atemperar la Ley de Armas boricua a la jurisprudencia de Estados Unidos. La Ley 404 está reconocida como una de las más restrictivas a nivel mundial.

EL sábado 24 de septiembre , Torres Calderón, un ex policía del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC), celebró una inspección ocular en torno a otro proyecto, el 2823  “a los fines de condicionar la tenencia de una licencia de club de tiro a que la misma cuente con un registro que incluya información relativa a la cantidad y calibre de las municiones que toda persona utilice cuando asista a dicho lugar; revocar la licencia de club de tiro a toda organización que incumpla con lo antes dispuesto; y para otros fines relacionados”.   

En el registro electrónico de la Oficina de Servicios Legislativos no se establece en donde se celebró la vista.

Entre el ocho de marzo y el 24 de septiembre de este año, el Legislador celebró tres reuniones ejecutivas relativas al  proyecto 2823.

En octubre del 2010, celebró vistas públicas en torno a otro proyecto, el 2830 que limita a 500, la cantidad de municiones anuales que una persona con licencia de tiro al blanco podrá adquirir y restringe a dos la cantidad de armas de fuego que podrá portar la persona que posea una licencia de tiro al blanco”. Esa precisamente fue la defensa de Chemito cuando se le incautaron las dos pistolas en medio de su arresto. Que estaban registradas y que tiene licencia de tiro al blanco.

En cuanto al 2830, radicado en agosto del 2010, el Legislador ha dirigido dos inspecciones oculares en San Juan – no se especifica lugar – y tres reuniones ejecutivas de la Comisión de Seguridad, la última el pasado sábado 24.

Mientras todo esto ocurre en la Legislatura y al parecer Chemito campeaba por su respeto incluso dialogando con acusados de una ganga de narcos a la que se le imputa pertenecer,  irónicamente, el 21 de septiembre de este año, el gobernador, Luis Fortuño, colocó en manos de la fiscalía Federal, el procesamiento de los casos de armas cuando creó el “Ilegal Firearms and Violent Crimes Strike Force”, bajo el cual los oficiales de la avenida Chardón, asumirán jurisdicción de los acusados que utilicen armas de fuego durante la comisión de delitos violentos o de trasiego de drogas.

El gobernador Fortuño ha participado de convenciones de la archirepublicana y conservadora, Asociación Nacional de Rifles (NRA, por sus siglas en inglés) que defiende la total liberalización del uso de armas de fuego en ese país.

EEUU Y PUERTO RICO

En junio del 2010, McDonald v. Chicago, 561 U.S. 3025, 130 S.Ct. 3020 (2010), el Supremo estadounidense resolvió que la posesión y portación de armas como un derecho protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país, que se puede aplicar a la clausula de debido proceso de ley (Enmienda 14) y que aplica a los estados. 

Un día antes del arresto de Chemito en el complejo Alborada de Canóvanas, en el hemiciclo de la Cámara  retumbaba la lectura de la Resolución 1882 que busca liberalizar la posesión de armas de fuego cortas para atemperarla a ese caso.

La hermana de Soto Mujica, la licenciada Cristal Soto Mujica, ha defendido la ocupación de las armas del Legislador Municipal alegando que “fueron dos armas y ambas estaban debidamente registradas en el Cuartel General. Al momento de la incautación en la residencia mi hermano tenía la licencia de tiro al blanco vigente”.

LEYES DE ADMINISTRACIÓN A LO NRA

En el pasado, la presidenta de la Cámara, Jennifer González, habría promovido lo mismo  en un proyecto de administración pero a tenor con la resolución judicial del Supremo de EEUU en relación al caso Columbia vs Heller, en  argumentado que la posesión de armas es un derecho y no un privilegio en el contexto de una legítima defensa.  

El  Proyecto de la Cámara 2082, presentado por González en enero del 2010,  abarcaba múltiples enmiendas a la Ley de Armas y proponía que se atempere a lo que establece el Tribunal Supremo de EEUU al resolver el caso de Heller.

Según el trámite legislativo, el 2282 tuvo su primera lectura el once de enero del 2010 y una vista pública el nueve de febrero. De esa fecha a acá, no ha ocurrido nada con ese proyecto de ley.

Pero, Torres Calderón revive el asunto este año, cuando trae la mencionada Resolución a una semana de que las autoridades pillen a Chemito con tres armas de fuego, una de ellas de alto alcance y calibre. A pesar de que la Resolución habla de que el caso de McDonald se resolvió en junio del 2011, la ficha del caso tiene fecha del 28 de junio del 2010.

POR UN LADO EL LEGISLATIVO Y POR EL OTRO EL EJECUTIVO

Un año antes de que cayera Chemito, y mientras fungía como técnico de la importante Comisión de Seguridad Pública, cuando la presidenta de la Cámara presentó el proyecto 2082, el secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, se opuso a las enmiendas que eliminaría la licencia de portar armas y dejarían solo como licencias requeridas las de caza o tiro al blando.

En aquél momento, en vista pública, Somoza Colombani dijo que dichas enmiendas tendrían “el efecto de liberalizar los requisitos para la tenencia y portación de armas de fuego, lo que a su vez propiciará un aumento significativo en el número de armas en circulación en nuestro país”.

Llamó la atención de una portada publicada el ocho de febrero, en el que se destacó  que “la disponibilidad de armas es uno de los factores determinantes del aumento vertiginoso en los incidentes violentos de consecuencias fatales, ya sea que estén relacionado al trasiego de drogas o a problemas de violencia doméstica y familiar”.

En aquél momento, concurrió con el titular de Justicia el entonces superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, quien alertó que “ello sería nefasto para el ámbito de seguridad pública, ya que presupone que las personas con licencia de armas pueden circular por las vías públicas con el numero de armas que quieran. Esto sería detrimental para el ámbito de seguridad pública, máxime cuando observamos que nuestro pueblo enfrenta una crisis de valores y hasta por reyertas familiares se privan de familiares entre si. Imaginémonos lo que sería liberalizando tanto el uso de armas.

Las estadísticas oficiales establecen que el 90 porciento de los asesinatos que ocurren en el país se dan con armas de fuego.

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