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El licenciado Ariel Nazario cuestiona que el ejecutivo mire desde las gradas la controversia que amenaza con posicionar al país en su más seria crisis constitucional entre poderes republicanos de gobierno. Lee, escucha y mira el video en Bonita Radio


 

La resolución de investigación aprobada en el Senado que preside Thomás Rivera Schatz, y presentada por su correligionario penepé por Carolina, Roger Iglesias, para investigar al juez presidente del Tribunal Supremo, es el preámbulo de un choque constitucional, nunca antes visto en la historia moderna de la política puertorriqueña.

“Yo no recuerdo en tiempos modernos y tengo preocupación sobre la naturaleza constitucional de la aspiración del senador Roger Iglesias, de que un Senado, haya investigado a un juez Presidente. Particularmente cuando la razón de la investigación supuestamente es una querella que ha radicado un miembro del cuerpo de alguaciles del Tribunal Supremo”, sentenció el licenciado Ariel Nazario, en el episodio 36 de La Previa por Bonita Radio, en el que discutió las últimas incidencias de la sesión extraordinaria que se celebra en la Asamblea Legislativa.

La resolución fue referida a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, que preside, Rivera Schatz, la que tendrá “todas las facultades investigativas y fiscalizadoras del Senado de Puerto Rico para profundizar al máximo posible en la veracidad de las denuncias planteadas, incluyendo la citación de testigos, compeler su presencia y testimonio, requerir documentos y hacer referidos a otras agencias gubernamentales”.

“La pregunta que nos debemos hacer todos es, ¿cómo van a reaccionar esos jueces asociados a la investigación del Juez Presidente. ¿Y cuando los traten de investigar a ellos? O mañana alguien va a radicar una querella y la legislatura va a asumir jurisdicción para intentar, porque me imagino que tratarán de traerlo para interpelarlo”, cuestionó Nazario sobre la situación entre el legislativo y el poder judicial.

La actual administración que dirige el gobernador, Luis Fortuño, aumentó en dos el número de jueces al TS y nombró tres nuevos miembros, los primeros,, Erick Koltoff, Mildred Pabón y Rafael Martínez Torres y al ex asesor legislativo de Rivera Schatz, Luis Estrella.


 

De izquierda a derecha, Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco y Erick Koltoff, miembros de la mayoría penepé del Supremo

Por Carmen Enid Acevedo

Cinco de los seis jueces que componen la mayoría penepé del Tribunal Supremo ordenaron al foro de Apelaciones a que decida con premura el caso que presentó el municipio de San Juan ante el Interdicto que se decidió en su contra, cuando le prohibieron a cuatro ciudadanas del Movimiento Amplio de Mujeres que pintaran “No a la violencia machista” en una pared tradicionalmente de expresión pública en Río Piedras.

El juez de nuevo nombramiento, Luis Estrella Martínez, se unió a la opinión disidente suscrita por la jueza Anabelle Rodríguez y a la que se unieron además, el juez presidente, Federico Hernández Denton y la jueza asociada, Liana Fiol Matta. OpinbiónMayoritaria-Disidente

La opinión de la mayoría escrita por el juez Edgardo Rivera García y emitida en horas de la tarde del jueves, establece que el Tribunal Superior de San Juan erró al decidir el caso sin recibir prueba que demuestre si la pared que intentaron pintar las cuatro demandantes, es propiedad privada o del municipio de San Juan.

En una opinión en la que el juez García Rodríguez pareció picarse por las insistentes críticas de las posiciones partidistas de la mayoría que constituye junto a los jueces Rafael Martínez Torres, Roberto Feliberti Cintrón, Erick Koltoff y Mildred Pabón Charneco, planteó que “el resultado alcanzado por este tribunal habría sido el mismo independientemente de la entidad involucrada y del contenido de las expresiones manifestadas, pues ello resulta ser irrelevante para alcanzar la más sana solución del presente recurso”.

A pesar de que el Tribunal de Apelaciones resolvió desde el mismo día en agosto del año pasado, la Moción en Auxilio de Jurisdicción del Municipio, la mayoría del Supremo insiste en que el foro no actuó con premura.

“Al evaluar si hubo una acción del Estado que haya infringido una de las protecciones fundamentales que garantiza nuestra Carta Magna, no tenemos que auscultar la titularidad de un mural. El análisis correcto debe enfocarse en el factor que alegadamente coarta los derechos constitucionales de las recurridas. En el presente caso dicho factor es la ordenanza impugnada y no el muro”, planteó la minoría trayendo testimonios del record del caso, en el que el ex Comisionado de la Guardia Municipal, Hilton Cordero, admite que en los pasados 10 años vio la mencionada pared pintada con mensajes políticos y de índole social.

“Por lo cual la aseveración de la mayoría de que “razonó sin fundamento y sin derecho alguno que el muro en controversia constituyó un foro público tradicional, no es correcta”.

Los hechos se remontan al pasado tres de julio cuando Josefina Pantoja, Sara Benítez, Leila Negrón y Nitza Meléndez, fueron acusadas de violar una ordenanza municipal cuando acudieron con un grupo del MAMPR a pintar un mural educativo que leía “No a la violencia machista”.

Un contingente de guardias municipales, liderados por el entonces Comisionado y hoy acusado de actos lascivos, Cordero, llegaron al lugar en la avenida 65 de Infantería y las multaron en $1,000 a cada una.

Las mujeres presentaron un Interdicto en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sala de la jueza Brenda de León, quien resolvió en contra del municipio y ordenó al gobierno municipal que cesara de intervenir con el derecho a la libertad de expresión de las multadas. El caso de multa se cayó en el Tribunal de Distrito.

En ese procedimiento, la jueza De León decidió emitir el interdicto planteando que el muro es uno tradicionalmente de expresión pública y que el municipio tendría que desistir de intervenir con las demandantes.


 

Por Carmen Enid Acevedo
 
Antes los públicos de la escuela la llamaban droguita. Se escribía en los pupitres con  lápiz con intensidad de carbón número tres o se producían en papel que era llevado a algún rincón del espacio donde se tomaría la prueba. Hoy, puede ser tecnológica.
 
El caso de Jisel Castro Toledo, aspirante a abogada, está siendo evaluado por el Tribunal Supremo luego de que la Junta Examinadora de Aspirantes a la Abogacía, la refirió al Alto Foro por habérsele encontrado entre sus pertenencias un teléfono celular y un dispositivo electrónico “bluetooth”,  mientras tomaba la reválida el pasado mes septiembre del 2010, según lee un documento oficial.  Tecno-Aspirante

La Junta invalidó los exámenes que la joven tomó entre el 14 y el 16 de septiembre y “además, dispuso que el caso fuese referido a este Tribunal para que pudiéramos tomar cualquier otra determinación que entendiéramos procedente. Conforme a lo anterior, el 20 de diciembre de 2010, el Director Ejecutivo de la Junta Examinadora, Lic. Héctor Rodríguez Mulet, remitió a este Tribunal copia de la resolución aludida”.
 
La Junta determinó que la candidata a abogada violó la regla 9.3.1 que estableces que “las siguientes actuaciones, entre otras, constituirán una conducta que viola las normas de administración de los exámenes y estarán sujetas a penalidades: […] (d) tener consigo, durante la administración del examen de reválida, cualquier equipo electrónico o de comunicación o cualquier otro artículo prohibido por la Junta”.    
 
La resolución EM-2011-01 establece que en diciembre pasado, “mientras este asunto estaba sometido ante este Tribunal, el licenciado Rodríguez Mulet nos informó que la aspirante Castro Toledo sometió a la Junta Examinadora una Solicitud de Readmisión a los exámenes de Derecho General y Derecho Notarial que serían administrados en marzo de 2011”.

El pasado 25 de enero, el Tribunal decidió denegar la solicitud de readmisión de Castro Toledo a los exámenes de marzo y así lo notificó la secretaria del foro, Aida I. Oquendo Graulau.

La reválida administrada en septiembre pasado, fue aprobada sólo un 46 porciento de los candidatos, según los datos oficiales divulgados por la Junta. Participaron 672 aspirantes y aprobaron 311.
 
En el caso de la parte de Derecho Notarial, aprobó un 65 por ciento o 299 aspirantes de un total de 458 que comparecieron al mismo.

En Puerto Rico hay cuatro escuelas de derecho, a saber: Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Universidad Interamericana, Universidad Católica en Ponce y la Eugenio María de Hostos en Mayagüez.


Dice una amiga en Facebook que las noticias que dan titulares hoy 11 de diciembre son como para que ocurra un “éxodo masivo”. En resumen: Rodríguez Traverzo se va pero moja a otros “presuntos implicados”; La fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez no descarta ir para el Tribunal Supremo; Cuartel en el recinto de Río Piedras de la UPR….entre otras.

Si ocurre el éxodo, ¿quien se queda? Opine usted

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Por Carmen Enid Acevedo

El gobernador Luis Fortuño firmó la Ley que habilita el aumento en número de jueces del Tribunal Supremo, a pesar de que no fue el resultado de una petición unánime ni subsiste el criterio de necesidad. La historia de ese foro demuestra que la mayor cantidad de togados no garantiza la agilidad en el manejo de casos y sin embargo, la justificación para el aumento se agita con la propaganda de “más justicia para nuestro pueblo”.

Expertos en la materia constitucional han analizado el aumento en el Supremo como un ataque a la independencia judicial. Otr@s plantean que el movimiento político partidista afecta la credibilidad de la institución a los ojos de una ciudadanía que todos los días cuestiona decisiones de unos y otros miembros de la judicatura, precisamente por el criterio político partidista que mancha a esa institución.

En este último año, el pueblo tiene más razones para creerlo.  El juez Rafael Martínez y la jueza Mildred Pabón Charneco hablaron de “moldear indirectamente el Tribunal Supremo con la visión judicial del primer ejecutivo…..y del “flujo normal de la marea judicial en una democracia producto indirecto del mandato del Pueblo expresado en las urnas”.

Es “vox populi” en los foros judiciales, que Pabón Charneco va todos los miércoles  al Tribunal Apelativo a donde llega con todo y alguaciles. ¿Qué hace una Jueza del Supremo en el Apelativo? Se alega que en reuniones con el “caucus penepé”. Allí están por lo menos dos que suenan para llenar las sillas del Supremo: Sol de Borinquen Cintrón y Abelardo Bermúdez, una, esposa del ex secretario de prensa de Pedro Rosselló, Pedro Rosario Urdaz y el otro, un militante activo de las filas estadistas.

Este último, un requisito medular para llegar a la Comisión de Nombramientos del Senado. Se asegura que a los funcionarios que tienen que pasar por el consejo y consentimiento de ese Cuerpo, los espulgan hasta con visitas y llamadas a liderato del barrio al que pertenecen para asegurarse de su militancia y total obediencia al PNP.

También en el TA está Olga Birriel, una ex comisionada de la extinta Oficina de Asuntos de la Mujer que le costó al erario miles de dólares, cuando discriminó por razones políticas contra una abogada de esa agencia que intentó investigar una querella de hostigamiento sexual contra Ramón Luis Rivera, padre.

Es decir, que si ganó Fortuño, pues los miembros del Caucus Penepé en el Tribunal Supremo – y al parecer en el TA también – ponen la Dama de la Justicia al revés, le eliminan las balanzas, le quitan la venda de la cara – para que se asegure bien de que identifica lo rojo, lo verde y cualquier gama en la paleta de colores que no sea azul – y se colocan la venda en la boca para cuando el gobernante hable o imponga la línea, ellos sencillamente, obedecen.

Ni hablar de que la “dignidad del silencio” no sirve para el propio Martínez, Pabón Charneco, Martínez, Eric Koltoff y Edgardo Rivera, cuando se les critica por estar prejuiciados a favor del gobierno. Pero cuando se les cuestiona por qué no discutieron con la minoría sobre la petición de aumento de jueces, salen casi corriendo, dicen que es un asunto interno del Tribunal y si el periodista insiste, le tiran a los rabiosos alguaciles por aquello de sacarse el cuestionamiento de encima.

Ir por encima de la evidencia histórica y despachar el argumento de la crisis económica, con que “tendrán que ajustar el presupuesto”, para asimilar el aumento, porque sí, sin mayor consideración que el criterio político partidista y la negociación que haya habido entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, tropieza con un acto burdo de un dictador de orilla.

Una acción digna del mollero típico que ejercen los que conviven entre el poder que abusa y el partido o la ideología a la que se pliegan sin consideraciones al país. Esos mismos que hoy justifican que se legisle sin vistas públicas y que una mayoría del foro colegiado aplaste a la minoría, se atreven a señalar con el dedo hacia Venezuela  para identificar políticas “dictatoriales” cuando el presidente de esa nación procuró doblar el número de jueces del Supremo. Ahí si veían un ataque a la independencia judicial.

La defensa de que antes lo hicieron los Populares, además de poco inteligente, no se ajusta a la verdad histórica. En el 1960, el aumento fue consultado con el pueblo y fue fruto de una discusión entre ramas de gobierno. Volver a la constitución original tomó diez años y el pedido también fue consultado con el pleno y fue unánime.

Esa actitud antidemocrática también se observa en la Universidad de Puerto Rico. El pasado miércoles se aprobó en la Cámara un proyecto que enmendaría la Ley de  1966, “a los fines de establecer una prohibición general de paralización temporera o indefinida, y parcial o total de las labores universitarias por razón de manifestaciones colectivas de empleados docentes, no docentes y/o estudiantes; redefinir el término mayoría de acuerdo al número de alternativas disponibles en consultas estudiantiles”.

No al diálogo, no a las manifestaciones democráticas, no a la libertad de expresión, no a la libertad de reunión. Atrás la democracia. ¿Cómo se llama la obra? “Un verano en el Chile de Pinochet”…Entremés, “Motín en el Capitolio”. No es teatro del absurdo. Es Puerto Rico en el 2010.

Ese dirigir el país desde la mentira institucionalizada que se repite y se repite, los ataques frontales y el sable amolado contra la disidencia, parece encontrar una línea dura en la obra de un poeta soviético. Mierda petrificada en el presente. Nuestro país parece estar viviendo, a la altura del Siglo XXI, las palabras que inmortalizó el luchador de la revolución rusa, Vladimir Maiakovsky.

Hoy en el país conviven un amplio sector enajenado con otro consiente, pero tod@s al ritmo de la prohibición, de la crisis económica, del crimen callejero y doméstico, de múltiples asaltos a la democracia y de la parálisis que provoca la doctrina del shock.

Algunos aseguran que el voto castigo se impondrá y que el PNP con o sin Luis Fortuño, pierde en el 2012. “Están cagaos”, indicaba un amigo en una reunión de trabajo. “Es el intento de tener una rama en qué engancharse”, repetía otro en medio de un par de copas.

En el 1981, luego de que Fortuño dirigiera los esfuerzos del voto ausente entre estudiantes en Estados Unidos y ante la victoria cerrada de 3,000 votos que obtuvo Carlos Romero Barceló – cuestionada por inscripciones de confinados, pacientes mentales y un apagón en la sede de la CEE – el hoy Gobernador dijo que se imponía que “tengamos (en el penepé) un periodo en que empecemos a mirar hacia dentro y a ver qué fue bien, qué fue mal”.

Habrá que ver con qué monstros se confrontan los gobernantes de hoy, si hacen un ejercicio de retrospección al indagar sobre el país que han forjado en estos años. Hoy la escritura está intacta en la pared…mierda petrificada en el presente.

© 2010, CARMEN ENID ACEVEDO, Todos los derechos reservados.